Telecomunicaciones, Regulación y Corresponsabilidad de los Usuarios

Las empresas en general suelen ser víctimas de la inflación, igualmente como son los consumidores finales, porque sufren inflación de costos, se les pinzan sus márgenes, se imposibilita el pass-through del incremento de los costos hacia los precios por la pérdida de poder de compra de la moneda, sueldos y salarios; y terminan perdiendo beneficios y demanda supramarginal.

Aun cuando suene de perogrullo, cuando se diseña y administra una regulación o un marco normativo hacia un sector económico debe, como requisito mínimo, imperar el sentido común.

En el país una serie de políticas de controles sin su debido análisis sobre su buen diseño, respecto a su mejor administración y pertinencia –o caducidad y/o inocuidad- están evidenciando un problema Principal-Agente entre el interés público de la sociedad toda y los intereses políticos del Gobierno y los Reguladores.

Controles como el de cambio han tergiversado el mercado y distorsionado los precios relativos de sectores como el aéreo en el país. No existe necesariamente un fiel reflejo ni una valoración social por cada ticket por tipo de ruta, internas y externas -produciéndose subsidios cruzados que sólo ciertas aerolíneas pueden gerenciar y sobre los cuales un examen de justicia sobre quiénes terminan llevando las cargas podrían terminar cuestionamiento las regulaciones y sus efectos; requiriendo mayor liberación para que los consumidores y la competencia sinceren precios relativos-. Por su parte, en el sector farmacéutico, el congelamiento de los precios de una serie de medicamentos desde el año 2003 –aunado al control de cambio-, violentando el espíritu de la Ley Orgánica de Precios Justos; ha condenado la entrada y el abastecimiento de medicamentos en el país y presionado igualmente por subsidios cruzados que podrían reprobar un examen sobre quienes llegan las cargas -incluyendo las empresas. 

En el sector telecomunicaciones el congelamiento y prohibición de ajustes de las tarifas por parte de la autoridad administrativa con competencia en materia de telecomunicaciones, contraviniendo lo que en la LOTEL se encuentra definido como un régimen de libertad tarifaria; representa otro problema Agente-Principal que pone en riesgo el buen funcionamiento del sector como lo señaláramos en nuestro análisis.

En Venezuela muchos de los planes de voz y datos y garantía de conexión por un mes muestran una tarifa inferior al precio de un paquete de galletas cualquiera.

Así las cosas, las empresas de telecomunicaciones intentan gestionar sus operaciones ante esta prohibición de ajuste –no apegada a Ley-; por medio de la oferta de nuevos planes.

Representantes de las operadoras privadas de telecomunicaciones en el país habrían explicado que están ofreciendo nuevos planes, previamente aprobados por CONATEL, bien para líneas nuevas tanto pre-pago como post-pago, así como para aquellos clientes actuales que deseen “mejorar su experiencia de comunicación”.

Sin embargo, objetivamente hablando, veamos el alcance y efectividad de una medida que implicaría ofertar nuevos planes, dejando por lo pronto los actuales congelados.

Lo primero que habría que considerar es si el precio o tarifa promedio de datos o voz de los nuevos planes resulta superior o inferior a la de los planes congelados. Habría que esperar que el promedio sea superior, salvo que se esté manteniendo tarifas promedios sujetas a un mayor consumo –descuento por volumen vía precios no lineales- para obtener un ARPU (Average Revenue per User) significativo o superior.

Lo segundo que habría que considerar es si la demanda incremental es suficiente como para mejorar el nivel promedio de todas las tarifas cobradas -considerando el hecho que los costos lejos de mantenerse congelados están sometidos a la inflación-. 

Lo tercero, relacionado con los dos puntos anteriores, es que si existe un nivel importante de penetración y de saturación de la infraestructura, cuál es la posibilidad técnica y la capacidad instalada para ofertar nuevas líneas y tráfico, más allá de la demanda, como para pensar aumentar el nivel promedio de la tarifa cobrada.

Cuarto, cuál podría ser el éxito de la migración de clientes antiguos de líneas viejas con planes congelados hacia planes nuevos. Este punto es interesante porque primero, hasta qué punto la migración o canibalización de un plan viejo por uno nuevo no constituiría un “incremento” de tarifas sobre un mismo cliente, aun cuando sea a través de un nuevo plan, partiendo de la tesis de que este buscaría ofertar una tarifa promedio superior.

Segundo, partiendo de que la migración sería voluntaria, considerando que en el pasado las telefónicas habrían realizado una oferta de menús de tarifas en dos partes para que se produzca una autorevelación y discriminación de segundo grado basado en la intensidad de consumo por tipo de cliente, suponiendo alguna inconsistencia temporal cognoscitiva de los clientes respecto al tipo de cliente e intensidad de consumo de impulso y datos de su tipo; qué incentivos tendrá un cliente para migrar a un nuevo plan que podría significar un mayor precio del impulso y de la factura.

Quinto, cuando se asoman planes nuevos que implicarían el “mejoramiento de los servicios”, ¿se estarán refiriendo a una especie de diferenciación de productos, servicios y planes basados en la calidad y el servicio y no en las tarifas?

Así las cosas, el subsidio cruzado de los ingresos producto de un nivel promedio eventualmente superior de estos nuevos planes pareciera ser insuficiente y sujeto a un tema de injusticia sobre la carga que soportarían estos nuevos clientes o planes para amortizar costos conjuntos y comunes con el resto de los clientes de las telefónicas.

Los precios y las tarifas constituyen y representan un concepto que los reguladores no suelen ver o no desean ver por sus intereses políticos, como es la corresponsabilidad de los costos, de las inversiones en mantenimiento y sostenimiento, y la viabilidad de los servicios de telefonía en el país.

La congelación de los ajustes tarifarios puede estar comprometiendo el mejoramiento de la plataforma para que se desarrollen nuevos servicios de valor agregado, lesionando a la actividad económica a lo largo del sector y lesionando a los propios usuarios.

*Economista UCV. Master in Competition and Market Regulatio, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London.