Tenedores de bonos venezolanos, entre vender o esperar

Los tenedores estadounidenses de bonos de deuda de Venezuela están en una encrucijada clave, luego de que el gobierno de Donald Trump les prohibiera a sus ciudadanos y empresas adquirir estos instrumentos, como parte del conjunto de sanciones que la semana pasada elevaron las presiones sobre el presidente Nicolás Maduro.

Los papeles venezolanos (todos en default excepto el Pdvsa 2020) solo pueden ser vendidos a no estadounidenses, lo que presiona a los tenedores a mantener sus posiciones y esperar una eventual reestructuración de la deuda con un nuevo gobierno o salir de ellos a un precio que no necesariamente garantice ganancias.

El movimiento, que sorprendió a los inversionistas, tiene ahora en el centro a JPMorgan, porque los bonos venezolanos son parte de su índice de mercados emergentes y si pierden liquidez (porque no se están transando) quedan fuera, y a los tenedores «les tocaría vender posiciones colapsando precios», explica a Banca y Negocios José Gonzáles, director de la consultora GCG Advisors.

Esto cuando justamente ocurre uno de los episodios más claros de cambio de gobierno en Venezuela en los últimos años y el precio de los bonos ha estado subiendo y algunos, como el soberano 2027, se acercan al nivel previo al fallido anuncio de reestructuración hecho por Maduro en noviembre de 2017.

La agencia Redd Latam precisaba esta semana que un cálculo rápido indica que los tenedores de bonos tendrían que liquidar posiciones por $10.000 millones en bonos venezolanos si estos salen del índice de JPMorgan. «Eso significa que incluso los fondos que no están comprometidos con los índices podrían ver grandes pérdidas en el mercado. ¿Y quién estará al otro lado? Personas no estadounidenses, lo que ayudaría a fondos buitres (holdouts) no estadounidenses a construir sus posiciones», dijo la agencia citando a un inversionista.

El lobby para que no ocurra ese escenario se activó esta semana. La agencia Bloomberg señala que un contingente de acreedores, incluidos Greylock Capital y Goldman Sachs Group, se reunieron con funcionarios del Departamento del Tesoro para expresar su preocupación de que a algunos de ellos se les exigiría vender con grandes descuentos si Venezuela se retiraba del índice.

«Ha habido conversaciones con JPMorgan», dijo a Bloomberg Carlos Paparoni, diputado opositor y presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) y agregó que el interés de un nuevo gobierno será «una reestructuración rápida, confiable y amigable».

En el Plan País, aprobado en diciembre por la AN y enarbolado la semana pasada por el presidente interino Juan Guaidó como estrategia para la transición, se fija como meta «una reestructuración profunda de la deuda pública externa, (que) ayudará a abrir espacio fiscal para garantizar una trayectoria sostenible de las finanzas públicas».

Gonzáles afirma que «si es que hay ‘cambio de régimen’… y dependiendo de las condiciones en que se daría, se plantearía una reestructuración. Si no hay cambio de régimen debería precipitarse la aceleración por parte de los acreedores».

Ambos casos son complicados para los tenedores, porque una deuda como la venezolana no es fácil de reestructurar y con el apoyo recibido por la oposición venezolana para desalojar a Maduro del poder, es previsible que se intente ejecutar una quita de proporciones importantes para dejar espacio fiscal a un nuevo gobierno.

«Incluso en el caso de una transición política, es probable que una reestructuración de la deuda sea un proceso largo. La transición será compleja (…) y la naturaleza de numerosas clases de acreedores, incluidos los tenedores de bonos soberanos y Pdvsa, prestamistas bilaterales (especialmente China y Rusia), los acreedores multilaterales y privados demostrarán ser obstáculos adicionales para una exitosa reestructuración», apunta la agencia de calificación Fitch, en una nota publicada esta semana sobre el tema.