Torino Economics explica por qué las reformas pro mercado de Maduro tendrán un ´impacto marginal´

Tras casi 8 años en recesión, el gobierno de Nicolás Maduro continúa en deuda de brindar “el año de la recuperación económica”, promesa que fue anunciada por primera vez en 2015 y repetida años tras año sin éxito alguno en medio de disputas políticas, un entorno internacional desfavorable, que incluye un conjunto de sanciones económicas y financieras, y más recientemente el impacto de la pandemia del COVID-19.

Así resume en entorno económico Torino Economics, la unidad de investigación de la consultora financiera Torino Capital, en su más reciente informe sobre la situación en Venezuela.

No obstante, a pesar de los señalamientos que constantemente hace la administración de Maduro donde responsabiliza a las sanciones implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos de la crisis actual, el discurso político no puede ocultar la realidad socioeconómica del país.

En este sentido, Torino Economics explica que Venezuela atraviesa en la actualidad un proceso de estanflación (caracterizado por un estancamiento económico a su vez que persisten problemas de desempleo y de hiperinflación), el cual se suma un importante problema de desinstitucionalización, que lejos de ser originado por políticas extranjeras, ha sido producto de un conjunto de medidas gubernamentales que han impactado negativamente la productividad de la economía, distorsionando la figura del Estado – a través de su expansión exacerbada- y ha limitado severamente al sector privado mediante expropiaciones y controles excesivos.

Ante la ausencia de un plan económico estructurado, el Gobierno venezolano ha tenido poca incidencia en contrarrestar la evolución de la inflación y la devaluación de la moneda.

El primer paso para abordar la crisis monetaria de la nación, empieza por identificar que ésta no deriva únicamente de la emisión de dinero sin respaldo (práctica ejecutada por el gobierno para financiarse ante el déficit primario que se ha sostenido y agravado durante años como resultado de políticas fiscales expansivas), sino también de un problema productivo, de competitividad y diversificación, que ha golpeado fuertemente la balanza comercial venezolana.

Este cuadro se ha visto acompañado por problemas internos de financiamiento derivados del alto encaje legal que impide la movilización eficiente de recursos financieros a través del crédito.

En este sentido, la inversión privada en Venezuela se ha paralizado en medio del clima recesivo, y un marco institucional deteriorado, y aunque el gobierno de Maduro ha emitido un conjunto de leyes en miras de favorecer la recuperación económica, resaltando la denominada “Ley Antibloqueo”, ante la carencia de garantías institucionales, la discrecionalidad y la falta de transparencia se hace previsible un impacto marginal de estas acciones.

Por otra parte, recientemente el Gobierno ha hecho ajustes en el encaje legal, reduciendo este factor hasta ubicarse en 85% para las obligaciones netas en moneda nacional, y 31% el encaje para las captaciones en divisas extranjeras.

Sin embargo, este porcentaje continúa siendo elevado e insuficiente para estimular la actividad crediticia, por lo que el Ejecutivo parece estar más interesado en reducir la liquidez monetaria vía crédito, como medida antinflacionaria y evitar a su vez presiones sobre el tipo de cambio, que en reactivar el sector productivo del país, señala Torino Economics.

Bolívar digital: Escapando de la reconversión

Ante los crecientes problemas que giran en torno al signo monetario, una reconversión resulta una opción atractiva; sin embargo, en los últimos 20 años, en Venezuela se han ejecutado dos reconversiones monetarias y diversas ampliaciones del cono monetario, pero la rapidez con la que ha avanzado la inflación ha hecho que cada vez sean más corta la vida útil de las diversas denominaciones de billetes y monedas.

Lo anterior es una prueba de que la resolución de la crisis monetaria va más allá de establecer o no un nuevo cono o signo monetario, sino que pasa, en primer lugar, por un proceso de reinstitucionalización del Estado, como un árbitro eficiente y promovedor del ”juego limpio” entre los actores económicos, que dé paso a un ambiente de confianza bajo el marco de un plan de gestión que propicie la búsqueda de la riqueza sin mayores incertidumbres a las inherentes a la dinámica económica.

Para este año, parecía impostergable una nueva reconversión monetaria, pero en febrero de 2021, Nicolás Maduro anunció lo que denominó el “bolívar digital”, sin dar mayores detalles sobre la medida.

Tal anuncio se produjo bajo el marco de un plan que prevé “avanzar 100% hacia un sistema de pagos digital en el país”. Se indicó además que se había autorizado “bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, la apertura de cuentas en dólares a todos los niveles”.

Esto parecía apuntar a que no había intención por parte del gobierno de emitir un nuevo cono monetario; pero, finalmente, si se anunció la emisión de tres nuevas piezas en las denominaciones de VES 200.000, VES 500.000 y un VES 1 MM; las cuales, ante la elevada depreciación de la moneda, tienen un impacto sumamente marginal, ofreciendo apenas un efecto provisional de alivio sobre algunas transacciones al menudeo, como el relacionado al pago de transporte público.

De esta forma, el plan del “Bolívar digital” parece continuar gestándose, teniendo lugar una apertura gradual, en medio de ajustes, hacia servicios bancarios en divisas. No obstante, la solución de la distorsión monetaria no está en digitalizar el problema, alega Torino Economics.

– Medidas unilaterales –

Cualquier intento que busque imponer algún tipo de alivio o recuperación económica al margen de la lógica económica y sin un plan articulado con los diferentes sectores de la sociedad, estará destinado al fracaso, dado la falta de un ambiente propicio de cooperación y generación de confianza para el devenir de los agentes económicos.

Por el contrario, este tipo medidas unilaterales según la experiencia pasada, buscan generar incentivos para burlar la trasparencia y suelen beneficiar solo a unos pocos, siendo por tanto instrumentos para el provecho individual y no social.

Aunque el tecnicismo es primordial al momento de diseñar un plan económico, la confianza basada en el consenso social juega un factor clave y determinante en su ejecución, porque más allá de la eficiencia y eficacia técnica del hipotético programa de recuperación económica, si carece de la gobernabilidad política mínima, estará condenado a fracasar, generando en el mejor de los casos nuevas distorsiones en el mercado.