Transparencia Venezuela: Cajas CLAP llegan con meses de retraso, coacción y abusos

Más de 80% de la población depende, en parte, de los alimentos subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), según revelan encuestas recientes; sin embargo, su adquisición  se «ha convertido en una tarea más titánica», según la Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela.

El más reciente informe sobre este programa social preparado por el Observatorio de Programas Sociales de la institución, cuyo trabajo se basa en denuncias concretas de los beneficiarios sostiene que la distribución de alimentos por los CLAP tiene ocho grandes fallas:

– Retraso en la entrega de los alimentos.

– Discrecionalidad a la hora de realizar los censos.

– Aprovechamiento indebido de los productos.

– Agresiones físicas o amenazas a la integridad.

– Control social.

– Alimentos en mal estado.

– Ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control.

– Discrecionalidad en el pago.

En el primer trimestre del año la ONG procesó 91 denuncias certificadas de fallas graves del sistema CLAP. Se presume que existe un elevado nivel de sub registro de las fallas, porque en la población beneficiada priva el temor a las represalias, especialmente a no recibir lo que poco que le llega.

«El retraso en la entrega de los productos subsidiados sigue siendo el principal reclamo de los ciudadanos». Según declaran, la bolsa o caja CLAP tarda entre cuatro y siete meses en llegar, especialmente en las comunidades más necesitadas del interior del país, «pese a que la promesa del Gobierno es la entrega de la caja cada 21 días».

Banca y Negocios, por su parte, recogió cinco testimonios de trabajadores públicos de distintos organismos, quienes indicaron que las bolsas llegan regularmente cada 30 o 45 días, de manera que el programa parece privilegiar a los empleados públicos.

El reporte de Transparencia Venezuela apunta que «el tiempo mínimo registrado de retraso es dos meses, pero algunas familias han tenido que esperar hasta un año para adquirir los productos subsidiados«.

Además, la ONG registró casos de discrecionalidad en el registro de beneficiados y presunto aprovechamiento indebido de los productos, ya que registró entregas de cajas «abiertas e incompletas» en diferentes estados del país.

– El que reparte… –

Los censos para establecer la población beneficiadas carecen del más elemental rigor. Según las denuncias recibidas por Transparencia Venezuela, existen casos de «inclusión de personas que no poseen carga familiar, o que no residen en la comunidad, y la exclusión de familias sin dar información sobre el motivo que da origen a esa medida».

«Otras denuncias recibidas tratan sobre la ausencia de procedimientos para desincorporar del censo a aquellas familias que han emigrado del país, lo cual ha originado que algunos miembros del CLAP dispongan de los alimentos de la familia ausente.

“No he podido hacer que las personas encargadas de las cajas CLAP me incluyan en el sistema. Hay varios inquilinos que se han ido del país (…), las cajas llegan completas y ellos se quedan con las que los demás no se encuentran en el país”, dice una de las denuncias, reportadas por el Observatorio de Misiones Sociales.

Otra denuncia señala lo siguiente: “las cajas del CLAP vinieron violentadas. No trajeron aceite, caraotas, enlatados, mayonesa, salsa, ni azúcar. Se llamó a la jefa de calle y lo que respondió fue que no podía hacer nada, que las agarrábamos así o las devolverían y que si no las aceptamos así, nos iban a bloquear y quitarían el beneficio”.

La propia Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha reconocido que existen redes de reventa de productos del programa CLAP, especialmente en los estados fronterizos, donde el contrabando de productos subsidiados -el primero, la gasolina- se incrementa sin el más mínimo control.

– Control social a través de la miseria –

Una parte especialmente grave del reporte de Transparencia Venezuela son las denuncias sobre agresiones, amenazas y mecanismos perversos, así como arbitrarios, de control social. El número de denuncias no es representativo de la magnitud de la situación, por la cúpula de miedo en la que vive la mayor parte de la población, pero es muy significativo que se produzcan estas situaciones.

Según Transparencia Venezuela fue denunciada «la participación de los grupos civiles armados, llamados colectivos, y órganos policiales como el FAES como parte de la coacción a los ciudadanos».

Uno de los casos registrados por la ONG muestra el patrón de comportamiento discriminatorio: “los hechos comenzaron por un reclamo que inicié el 25 de mayo de 2019 motivado a la entrega de las bolsas de comidas CLAP que a mi mamá y a mí nos fue negada por haber participado en manifestaciones en contra del Gobierno. Una de las voceras de comunas nos dijo que ya no teníamos derecho a ese beneficio porque éramos ´traidores de la patria´ y dijo que no nos devolverían el dinero que habíamos pagado porque no se podía”.

Más adelante, el denunciante señaló que «a principios del mes de junio de este año dos hombres desconocidos se le acercaron y le dijeron que lo tenía identificado y que sí seguía ‘insistiendo’ lo iban a atacar con las FAES».

El suministro puede ser suspendido temporal o permanentemente por manifestar una tendencia política diferente a la del partido de Gobierno, por realizar protestas contra el Ejecutivo, o contra la gestión de los miembros de los CLAP.

Transparencia Venezuela recuerda que «el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señala expresamente esta situación: ´El ACNUDH recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP porque no eran partidarias del Gobierno´”.

Otra denuncia apunta que “el jefe de calle que tiene a su cargo cobrar y entregar la caja CLAP en el sector, con frecuencia abusa de su cargo, ´eliminando del censo´ a familias para no venderle la bolsa de alimentos con las excusas de ser imperialistas, no necesitarlas por vivir en una buena casa y por criticar al Gobierno”.

El reporte recoge denuncias por entrega de alimentos en mal estado o de dudosa procedencia, tampoco existen mecanismos adecuados de rendición de cuentas y hay problemas en la administración de los pagos, «porque el dinero recaudado va a cuentas personales que los miembros del CLAP disponen, la solicitud del pago con poco tiempo de anticipación y exigencia de dinero en efectivo, a pesar de la escasez de billetes en Venezuela».

«También hubo denuncias sobre el cobro de montos superiores al que anunció el coordinador general de los CLAP, Freddy Bernal, quien afirmó que el precio de la caja es de 9.000 bolívares a partir del 15 de junio de 2019.  A esta cantidad se debe sumar pagos de transporte y gastos por impresión de formatos para el proceso de entrega de la caja, que se fijan discrecionalmente».

Las denuncias son recibidas por Transparencia Venezuela a través de la aplicación “Dilo Aquí”, el correo electrónico denuncia@transparencia.org.ve y el teléfono (0412)3122629.