Transparencia Venezuela denunció ante la CIDH patrón de corrupción con oro y petróleo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró especial interés en la grave situación que se registra en las minas auríferas del sur del estado Bolívar recogida en el informe Oro Mortal, una investigación coordinada por Transparencia Internacional Capítulo Venezuela, durante la reunión abierta del organismo internacional con la sociedad civil venezolana y víctimas de violación de derechos humanos efectuada en Cúcuta, Colombia.

Transparencia Venezuela denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el patrón de gran corrupción que se ha instaurado en Venezuela, fenómeno que ha atrapado al poder público y ha causado la crisis humanitaria compleja que vive el país.

La organización estuvo presente en la reunión abierta que sostuvieron los integrantes de la CIDH con representantes de la sociedad civil venezolana y víctimas de la violación de derechos humanos, en Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia.

El representante de Transparencia Venezuela en Táchira, también denunció ante la CIDH las graves violaciones de derechos humanos y las actividades ilícitas que ocurren en las minas auríferas del sur del estado Bolívar, donde se ha desatado una lucha sangrienta entre bandas criminales y grupos guerrilleros, como recoge Oro Mortal, la más reciente investigación de la organización.

«Además, señalamos los casos de corrupción en Pdvsa, empresa estatal que fue principal fuente de ingresos del país y se desconfiguró para dedicarse a negocios distintos al petrolero hasta quedar prácticamente inoperativa”, indicó.

El vocero destacó que, durante su permanencia en la zona limítrofe, los integrantes de la comisión no emitieron pronunciamientos sobre la prohibición de su ingreso a Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero hicieron hincapié en que su objetivo era escuchar los testimonios de los afectados. “El grueso de las personas que acudió al encuentro eran víctimas, familiares de los jóvenes muertos en San Cristóbal y Mérida durante las protestas de 2014 y 2017».

Respecto a las víctimas, se constató que la mayoría no había presentado un reporte a la Comisión, por lo que la primera propuesta fue documentar cada caso para avanzar en las medidas cautelares u otras que pudiera acordar el organismo, con apoyo de las organizaciones de derechos humanos que participaron en el encuentro.

Los relatores de la CIDH conocieron además de la ausencia de separación de poderes en el país y sobre cómo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha actuado para entorpecer la labor de la Asamblea Nacional, persiguiendo e inhabilitando a los miembros de la única institución legítimamente electa.