Transparencia Venezuela: Opacidad oficial se consolidó en 2017

Transparencia Venezuela publicó su más reciente informe sobre corrupción, con un balance de las estadísticas que el gobierno de Nicolás Maduro ha ocultado a la opinión pública.

En 2017 no se hicieron públicos los resultados de la gestión de los órganos y entes del Poder Ejecutivo, tampoco se entregaron las memorias y cuentas de los ministerios correspondientes al año 2016. Además, la Ley de Presupuesto 2017 que no fue presentada ante la Asamblea Nacional sino ante el Tribunal Supremo de Justicia, y que supuestamente fue publicada en una Gaceta Oficial que no estuvo disponible, señala Transparencia en el capítulo Opacidad: la regla impuesta desde el alto Gobierno.

Destaca la anuencia del TSJ frente a la actuación de los entes que limitan el derecho de acceso a la información pública.

En 2017 el Poder Judicial dictaminó en contra en 99% de los casos de amparo que se intentaron desde distintas ONG en temas de acceso a información básica como salud, inflación, importación de medicamentos o sueldo de funcionarios.

La organización también destacó que el año pasado se incrementó el desinterés de los funcionarios públicos en dar debida respuesta a las peticiones de información presentadas por los ciudadanos, pues a pesar de que hasta agosto de 2017, Transparencia Venezuela presentó 130 peticiones de información ante diversos órganos y entes del Poder Público (nacional, regional y municipal), solo obtuvo 14 respuestas, es decir, solo 11% de las solicitudes realizadas fueron atendidas.

“La ciudadanía, académicos, gremios y a actores sociales tienen cada vez menos información disponible, situación que dificulta la evaluación y el seguimiento de políticas y programas desarrollados por el Estado, así como la presentación de propuestas que busquen resolver las necesidades de la población”, señala la organización.

Todos los poderes limitaron el derecho de acceso a la información pública en 2017, pero los más evidentes fueron los órganos y entes que forman el Ejecutivo. El año pasado muchos portales electrónicos presentaron deficiencias en su funcionamiento, dificultando no sólo el acceso a la información, sino la realización de diversos trámites administrativos, refiere el informe.

La organización afirmó que los 32 ministerios del país solo publican 14 clases de información, de las 30 presentes en la legislación nacional y la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública.

Además, ninguno publica la ejecución de su presupuesto, lo que impide el control ciudadano en la gestión pública.

En materia de contrataciones públicas, 68% de los ministerios se abstiene de publicar los llamados a concursos y todos incumplen con el deber legal de publicar tanto las adjudicaciones de los contratos como la asignación de Responsabilidad Social.

El informe agregó que en 79% de los ministerios no se encuentra disponible la información de los funcionarios de alto nivel, mientras que 75% no publica el perfil del ministro que lo dirige, ni el período de gestión en el que se desempeña.

Los indicadores económicos también brillaron por su ausencia. En 2017 prevaleció la política del Banco Central de Venezuela de dejar de publicar los montos de variables macroeconómicas fundamentales como el Índice Nacional de Precios al Consumidor (disponible hasta el cuarto trimestre de 2015), el Producto Interno Bruto (IV-2015), la balanza de pagos (III-2015), y los aportes de Petróleos de Venezuela a la nación (III-2015).

El Registro Nacional de Contratistas, disminuyó desde agosto de 2017 la información que publicaba sobre las empresas que contratan con el Estado. En el sitio web del RNC donde antes se detallaban las características de cada entidad contratante con el Estado en 29 ítems, ahora solo aparecen cinco: si se encuentra o no habilitada para contratar con el Estado, el nombre, el número de Registro de Información Fiscal, si es persona jurídica o natural y años de experiencia en la actividad o servicio que presta.

– Bajo llave –

En materia de salud existe una gran ausencia de información por parte del gobierno nacional, que resulta vital para hacer seguimiento a las políticas y programas implementados por el Estado, agregó el informe.

Entre los datos y documentos más relevantes que no son publicados con regularidad por el Ministerio de Salud se encuentran el Anuario de mortalidad, que permite conocer cuáles son las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles en Venezuela. El último anuario publicado data de 2013.

Tampoco se publican los indicadores hospitalarios (atención ambulatoria, hospitalización, número de camas por cada 100.000 habitantes, número de médicos por cada 100.000 habitantes). La última información disponible es la contenida en la memoria y cuenta del año 2015.

Tampoco el porcentaje de desnutrición infantil, del cual la última información disponible corresponde al año 2011 y fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

En el área social, los últimos datos disponibles para el Índice de Gini, que permite evaluar la desigualdad social, corresponden a diciembre de 2015.

La organización agregó que en materia ambiental es en la que existe menos información disponible. Se desconoce el impacto y las consecuencias que generan para el medio ambiente, la ejecución del proyecto Arco Minero del Orinoco, así como los datos actualizados sobre superficie deforestada, emisiones de CO2, y porcentaje de agua apta para consumo humano.

Además, los Ministerios de Educación y de Educación Universitaria Ciencia y, Tecnología, no tiene disponible las tasas de prosecución, repitencia y deserción escolar; tasa neta de escolaridad y tasa de finalización de la educación. Los últimos datos disponibles son de 2015.

La organización insistió en que resulta vital que el Estado permita el acceso a información completa, actualizada y clara sobre la ejecución y manejo de los recursos públicos, y que publique mediante indicadores verificables y confiables los datos que resultan importantes para la ciudadanía.