TSJ da luz verde a pedido de extradición de Alejandro Andrade
La justicia venezolana dio luz verde este sábado al pedido de extradición de Alejandro Andrade, exguardaespaldas del fallecido Hugo Chávez que llegó a ser tesorero nacional, condenado en Estados Unidos tras declararse culpable de recibir sobornos por más de 1.000 millones de dólares.
«La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la solicitud de extradición (…) por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y legitimación de capitales (lavado de dinero)», informó la corte.
Sentenciado el 27 de noviembre a 10 años de cárcel por una corte federal de Florida, Andrade, de 54 años, escaló en el poder a la sombra del expresidente Chávez (1999-2014), a quien acompañó en el fallido golpe de Estado que comandó el 4 de febrero de 1992.
Fue presidente de la Oficina del Tesoro (2007-2010) y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (2008-2010).
La justicia estadounidense confiscó a Andrade casas y apartamentos de lujo en Florida y Nueva York, caballos de competencia -a los que era aficionado- y vehículos de alta gama, entre otras de sus posesiones.
Acusado por la oposición de servir al chavismo, el TSJ aprobó la solicitud de extradición «en virtud de que por ‘noticia criminis’ se tuvo el conocimiento que el referido ciudadano se encuentra localizado en el territorio de Estados Unidos.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que espera que Washington entregue «a este delincuente internacional», al anunciar en noviembre que había emitido una «alerta roja» ante Interpol para su captura.
Según las autoridades estadounidenses, Andrade recibió sobornos para garantizar a terceros transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables. Uno de los implicados es el millonario venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión, a quien Saab no mencionó.
Los ilícitos con divisas extranjeras en Venezuela se derivan de un control cambiario impuesto en 2003.
El Estado se reservó el monopolio de las divisas, que vendía al sector privado a tasas hasta 30 veces inferiores a las del mercado negro, diferencial que estimuló la corrupción.
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