La UE adopta sanciones contra siete funcionarios de Maduro

Los cancilleres europeos adoptaron este lunes formalmente sanciones contra responsables del «deterioro» de la situación en Venezuela, entre ellos el ministro del Interior, a quien acusan de «graves violaciones de los derechos humanos».

«En vista del constante deterioro de la situación en Venezuela, procede incluir a siete personas en la lista» de imposición de sanciones, reza la decisión aprobada este lunes por los cancilleres y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Las primeras sanciones individuales adoptadas por el bloque, que ya aprobó en noviembre un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la «represión interna», incluyen presidentes de altas instituciones y jefes del aparato de seguridad.

Aunque la UE expresó su preocupación por la situación en el país durante los cuatro meses de protestas que dejaron 125 muertos entre abril y julio, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) supuso el punto de inflexión para la adopción de sanciones.

Además del ministro Néstor Reverol, la UE impone medidas restrictivas, que incluyen una congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque, al director del servicio de inteligencia, Gustavo González, y a Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana.

La UE considera a los tres responsables de «graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la oposición democrática en Venezuela». Entre estas violaciones, en el caso de González, se apuntan «detención arbitraria, tratos inhumanos y degradantes y torturas».

– Cabello, Lucena, Moreno –

A Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), también se le imponen sanciones por menoscabar la democracia y el Estado de derecho, «en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar».

Cabello pertenece también a la ANC impulsada por Caracas y que rige como poder absoluto en Venezuela, máxime cuando la corte suprema del país considera nulas todas las decisiones del parlamento controlado por la oposición, tras declararlo en desacato.

Los europeos, que no reconocen la ANC, sancionan así a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, por menoscabar la democracia, «al facilitar el establecimiento de la Asamblea Constituyente» y no garantizar la imparcialidad de la institución que dirige.

Su par del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, otro de los sancionados, es «responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad» del parlamento venezolano controlado por la oposición, según la UE.

Los europeos acusan también al fiscal general Tarek William Saab, quien sustituyó a Luisa Ortega tras huir esta del país al denunciar persecución política, de apoyar la retirada de competencias al parlamento, por lo que le sancionan.

– ‘Incentivo’ al diálogo –

El gobierno venezolano de Nicolás Maduro rechazó «enérgicamente» estas sanciones, acusando al bloque de subordinarse a la administración «supremacista y racista» del presidente estadounidense, Donald Trump, según un comunicado de la cancillería.

El bloque europeo se suma de hecho a Estados Unidos y Canadá en la imposición de sanciones. Entre los altos funcionarios señalados por ambos países norteamericanos, figura el propio presidente Maduro.

El objetivo es, en palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que las medidas sirvan como «incentivo para ayudar» al diálogo entre gobierno y oposición que parece estancado.

«Es una decisión que puede ser reversible o suspendible en cuanto se constate que hay avances en la negociación», agregó Dastis, en referencia al diálogo en República Dominicana.

La cuarta ronda de conversaciones estaba fijada jueves y viernes pasados en Santo Domingo, pero la oposición se marginó por la ausencia de los cancilleres de Chile y México, sus invitados como facilitadores.

Este estancamiento llega meses antes de una elección presidencial en este país sudamericano sumido en una crisis socioeconómica, que, según un borrador del acuerdo propuesto a gobierno y oposición por los facilitadores, podría tener lugar en el segundo semestre de 2018.