Los países de la Unión Europea y sus órganos ejecutivo y legislativo terminaron una nueva legislación que permitirá combatir los discursos de odio o las campañas de desinformación.
Después de largos meses de negociación, se alcanzó un «acuerdo» entre las instituciones europeas respecto a la Ley de Servicios Digitales («Digital Services Act», DSA), indicó en Twitter el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.
Esta nueva ley actualiza la directiva de comercio digital aprobada hace 20 años e impondrá a las grandes plataformas como Facebook o Amazon normativas para erradicar los contenidos ilícitos o peligrosos en la red.
«Este acuerdo es histórico», se felicitó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
«La DSA es una primicia mundial en materia de regulación digital», señaló en un comunicado el Consejo Europeo, que representa a los 27 Estados miembros.
El texto «consagra el principio de que lo que es ilegal fuera de la red debe ser igualmente ilegal dentro la red. Busca proteger el espacio digital de la difusión de contenidos ilícitos y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios», indicó.
«¡Historia en ciernes! Por primera vez, el público podrá plantear preguntas independientes sobre el funcionamiento de las plataformas», dijo la exempleada estadounidense de Facebook Frances Haugen, que denunció la pasividad de la red social.
Haugen añadió que la DSA podría convertirse en una referencia para otros países.
Junto a la Ley de Mercados Digitales («Digital Markets Act», DMA), concluida a finales de marzo para acabar con las prácticas contrarias a la competencia, la DSA forma parte de un plan de envergadura presentado en diciembre de 2020 por la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE.
Su objetivo es poner fin a los abusos en redes sociales que terminan saltando a los titulares como sucedió con el asesinato de un profesor de historia en Francia tras una campaña de odio en octubre de 2020 o el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 por manifestantes, en parte planificado via Facebook o Twitter.
También actuará en las plataformas de venta al menudeo llenas de productos falsificados o defectuosos que pueden resultar a veces peligrosos, como juguetes infantiles que no respetan las normas de seguridad.
El nuevo reglamento estipula la obligación de retirar «rápidamente» todo contenido ilícito cuando la plataforma tiene constancia de ello y obliga a las redes sociales a suspender a los usuarios que violen «frecuentemente» la ley.
También fuerza a las webs de comercio electrónico a controlar la identidad de sus proveedores antes de ofertar sus productos.
– Control a las grandes plataformas –
En el corazón del proyecto radican las normas impuestas a las «plataformas muy grandes», aquellas que cuenten con «más de 45 millones de usuarios activos» en la UE.
La lista de una veintena de empresas debe cerrarse todavía pero incluirá las llamadas GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), Twitter y probablemente TikTok, Zalando o Booking.
Estas firmas deberán evaluar los riesgos vinculados al uso de sus servicios y poner en práctica los medios adecuados para retirar los contenidos problemáticos.
También deberán ser más transparentes sobre sus datos y los algoritmos que usan para recomendar contenido.
Serán auditadas una vez al año por organismos independientes y colocadas bajo vigilancia de la Comisión Europea, que podrá imponer multas de hasta el 6% de sus ventas anuales en caso de infracciones repetidas.
«En el contexto de la agresión rusa en Ucrania y de consecuencias particulares sobre la manipulación de la información en línea, un nuevo artículo ha sido introducido para poner en marcha un mecanismo de reacción en caso de crisis», indicó el Consejo Europeo.
Este mecanismo, activado por la Comisión, permitirá tomar medidas «proporcionadas y eficaces» frente a las plataformas muy grandes que contribuyan a expandir informaciones falsas.
Por su parte, el grupo de presión de las grandes empresas digitales CCIA consideró el sábado que «algunos detalles importantes» debían «aclararse», de modo que «la legislación final permita a todas las empresas, grandes y pequeñas, ajustarse a las normas en la práctica».
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