UE da el último paso para aprobar las nuevas reglas de disciplina fiscal
Las nuevas reglas mantendrán los límites a la deuda y el déficit público previstos en los Tratados, en el 60% y el 3% del PIB, respectivamente.
La Unión Europea (UE) aprobó definitivamente este lunes las nuevas reglas de disciplina fiscal, que obligan a los gobiernos a reducir sus ratios de deuda y déficit públicos al tiempo que dejan más margen para fijar el ritmo del ajuste y para invertir en la transición verde, digitalización o defensa.
El nuevo marco presupuestario ha recibido el visto bueno de los Estados miembros en un voto sin discusión previa durante la reunión de ministros de Agricultura de la UE, el último paso después de que el Parlamento Europeo diera luz verde a las nuevas normas la pasada semana.
Así, los tres textos legislativos que componen la reforma de las reglas fiscales del bloque serán publicados en el Diario Oficial de la UE mañana mismo, momento en el que también entrarán en vigor, según informó en un comunicado el Consejo de la UE, que representa a los países.
Su entrada en vigor altera levemente el calendario porque los gobiernos ya no tendrán que enviar obligatoriamente a la capital europea los planes de estabilidad y convergencia que antes remitían a Bruselas para el 30 de abril.
El primer hito será la apertura de expedientes a aquellos países con déficit y deuda superior a los límites establecidos, un paso que Bruselas prevé dar después de las elecciones europeas del 9 de junio.
Durante el verano, las capitales mantendrán conversaciones técnicas con las autoridades comunitarias sobre la trayectoria fiscal de cada país y todo este proceso cristalizará en unos planes nacionales de estabilidad de cuatro o siete años que tendrán que remitir a las autoridades comunitarias para el 20 de septiembre.
Tras esto, cada gobierno deberá enviar sus borradores presupuestarios para 2025 antes del 15 de octubre y la Comisión Europea verificará que éstos cumplen con la senda presupuestaria pactada entre ambas partes.
Las nuevas reglas mantendrán los límites a la deuda y el déficit público previstos en los Tratados, en el 60% y el 3% del PIB, respectivamente, pero darán más margen a los países para negociar sus sendas de ajuste con la Comisión Europea en planes a cuatro años que podrán ampliar a siete si adoptan reformas e inversiones.
También incluyen objetivos comunes de recorte para garantizar que no se postergan los ajustes: los países que rebasen el límite de deuda deberán reducirla un punto porcentual cada año cuando supere el 90% del PIB y medio punto si no llega a esa cota; y aquellos con un déficit interior al 3% tendrán que seguir corrigiéndolo hasta el 1,5% para tener un «colchón» al que poder recurrir en momentos de crisis.
La Comisión Europea vigilará si los países cumplen la senda de ajuste y podrá expedientarles si no es el caso.
La reforma reduce la cuantía de las sanciones, que será de un 0,05% del PIB cada seis meses si no actúan para corregir sus desvíos, pero prevé una aplicación más automática de las mismas para evitar que se repita la situación del marco actual, cuyas multas son tan abultadas que en la práctica no han llegado a utilizarse.
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