Una Pyme en Venezuela requiere 68 trámites para funcionar y pierde casi 40 días al año en burocracia

Determinar la carga en tiempo que representan los trámites administrativos burocráticos para las pequeñas empresas es el objetivo del Índice de Burocracia Latinoamericana (IB Lat), auspiciado por el Centro Latinoamericano de Atlas Network y coordinado por el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

En el proyecto participaron además cuatro organizaciones liberales de la región: Fundación Libertad (Argentina); Instituto Liberal (Brasil); Instituto de Ciencias Políticas ‘Hernán Echevarría Olózaga’ (Colombia), y México Evalúa (México).

Igualmente, se incluyó entre las organizaciones participantes a la Fundación Civismo de España, dados los estrechos vínculos históricos y culturales de dicho país europeo con la región y por ende, con sus prácticas y estructuras organizacionales.

En esta primera edición, Venezuela se ubicó, junto con Argentina, en el último puesto del instrumento, que se inspira en el Índice de Burocracia desarrollado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de Eslovaquia (INESS).

De acuerdo con el estudio, en Venezuela la pequeña empresa pierde en promedio 945 horas al año -39,4 días- en realizar trámites burocráticos. Esta cifra triplica prácticamente el tiempo invertido por Brasil, que es el país estudiado con menos cantidad de horas gastadas (115h/año).

Adicionalmente, llevar a buen término una pequeña empresa en Venezuela implica en promedio 68 trámites burocráticos, entre los que destacan por su complejidad los asociados al pago de impuestos.

– Midiendo sectores representativos –

Siguiendo una metodología rigurosa, los investigadores de los centros participantes revisaron la estructura productiva de cada uno de sus países, para determinar las actividades más relevantes en cada uno de los sectores económicos y el peso que tiene la pequeña empresa en ellas, a fin de seleccionar la empresa representativa en cada sector.

El segundo paso de la metodología implicó el exhaustivo levantamiento de data sobre los trámites que dicha empresa representativa tiene que cumplir para funcionar legalmente. Esta recolección se hizo a partir de entrevistas a empresas y expertos y permitió determinar cuántas personas y horas laborales son necesarias para realizar dichos trámites, incluyendo aspectos tan diversos como manejo y despido de personal, seguridad social y pensiones; salud y seguridad laboral; pago de impuestos; exigencias legales operativas, etc.

De igual manera, se evaluó la frecuencia de los cambios en las regulaciones que afectan estos trámites y cualquier otra exigencia específica para el funcionamiento de la empresa.

Finalmente, esta data se cuantificó, lo que permitió determinar que en promedio una pequeña empresa dedica mucho más tiempo en horas para cumplir con trámites burocráticos en los países estudiados que en otras regiones más desarrolladas, como Europa.

– Por una burocracia más ágil-

La doctora Sary Levy Carciente, miembro del Comité Académico de Cedice Libertad y coordinadora del proyecto, destaca la importancia de realizar estas mediciones y evaluaciones como una forma de contribuir a la transformación de la gestión pública, a fin de que sirva para dinamizar el entorno económico y facilitar la vida del ciudadano.

“La era de la revolución industrial 4.0 requiere que los gobiernos respondan más rápidamente a las necesidades de los ciudadanos. Ello impulsa un nuevo paradigma de gestión pública, con una burocracia gubernamental simplificada, ágil y adaptable en su estructura, en sus procesos y procedimientos y con un personal receptivo, abierto a facilitar soluciones”, destaca la economista, quien admite que lograr estos cambios no es tarea fácil, pero que son imprescindibles para lograr “una gobernanza en sintonía con los nuevos tiempos y las nuevas realidades”.

Lo más curioso es que en Venezuela existe una Ley de Simplificación de Trámites, vigente desde 1999, la cual fue reformulada en 2014 como Decreto con rango y fuerza de Ley, dictado por el presidente Nicolás Maduro, que, a su vez, está en proceso de reforma en la Asamblea Nacional, en función de digitalizar los procesos a una mayor escala.