Varios países de Suramérica buscan aplicar impuestos a plataformas digitales

Las plataformas digitales extranjeras que ofrecen contenidos de entretenimiento o conectan usuarios con servicios se encuentran bajo la mira de algunos Gobiernos de Suramérica, que buscan gravar con impuestos sus actividades por la igualdad de condiciones con su competencia a nivel local.

Este es el caso de países como Argentina y Uruguay, cuyos Gobiernos recientemente anunciaron medidas para proceder al cobro de los aportes tributarios correspondientes a plataformas como Netflix, Spotify, Uber o Airbnb.

En el caso de Uruguay, la discusión del tema llegó al Parlamento el mes pasado a partir de la disposición de un artículo del proyecto de ley que define el presupuesto estatal para el próximo año y medio y el planteo de un diputado del opositor Partido Nacional de no apoyar el aumento impositivo.

En el marco del debate sobre el tema, el viceministro de Economía del país, Pablo Ferreri, aclaró durante una sesión parlamentaria que el Gobierno no busca aumentar la recaudación sino recuperar lo que se pierde por las vías tradicionales.

«Estamos frente a viejos servicios que se brindan mediante plataformas nuevas, por eso decir que gravar la utilización de las nuevas plataformas aumenta la recaudación es ignorar la disminución de la actividad mediante las plataformas tradicionales», como la televisión por cable, acotó el viceministro.

Por su parte, Iván Posada, diputado que integra la comisión de Hacienda del Parlamento, dijo a Efe que actividades como la de Netflix están comprendidas entre las que deben ser gravadas por la legislación actual y lo que busca el Gobierno es hacer efectivo el cobro.

Sobre ese punto se expresó también la economista Gabriela Mordecki, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República de Uruguay, quien indicó a Efe que hasta ahora las plataformas no fueron gravadas porque al Estado le resulta «más difícil» llegar a ellas.

Mordecki apuntó que el caso de Uber es el más notorio porque tiene empleados trabajando en el país, pero con Netflix, Spotify y Airbnb ese tipo de mercado se ha ido ampliando, por lo que si los nuevos agentes son gravados, al igual que lo es su competencia, se lograría la «igualdad de condiciones».

«Me parece que era algo esperable, demorará más o menos en el resto de los países pero va a ser así y habrá alguna reglamentación más general para las que sigan apareciendo porque los servicios cada vez se van a prestar más de esta forma», destacó la economista.

Por otro lado, la académica enfatizó que pese a no conocerse la forma de cobro de los impuestos que impondrá Uruguay, al tratarse de IVA e impuestos a la renta el aumento afectará principalmente a los consumidores.

En Argentina, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, afirmó en una rueda de prensa esta semana que las plataformas digitales comenzarán a tributar y la tarjeta de crédito será «el agente de retención» para hacerlo.

Desde el propio Fisco puntualizaron a Efe, sin embargo, que esta idea aún es «preliminar», ya que habría que «generar un impuesto nuevo» y la única forma de hacerlo es enviando un proyecto de ley al Congreso.

Las autoridades aclararon que todavía están estudiando la manera más «factible», «sencilla» y, por ende, «cumplible» para que esto pueda salir adelante y, de esa forma, la «alta carga impositiva» que existe en Argentina se reduzca «ampliando la base» de quienes tributan.

Además, insistieron en la necesidad de articular esta norma porque mientras que las empresas tradicionales tienen «una existencia real», las plataformas digitales facturan «miles de millones» pero no se sabe dónde están ni dónde tributan.

«Hoy hay casi más gente mirando Netflix que yendo al cine: ¿por qué no van a pagar impuestos?», sentenciaron desde la AFIP.

En otros países suramericanos la discusión sobre el tema se encuentra en distintos niveles.

En Chile la renta obtenida por el pago que los usuarios de estos servicios efectúan ya está gravada con un impuesto cuyo tipo oscila entre el 15 y el 35 %.

En Perú y en Bolivia no se ha planteado la discusión, mientras que en Paraguay la Subsecretaría de Tributación analiza la posibilidad de ese gravamen y su reglamentación.

En ese último país, en 2016 el diputado oficialista Dani Durand anunció que trabajaba en un proyecto para la regulación, pero finalmente no llegó a tomar cuerpo.