El Congreso chileno aprobó dos leyes que entregan nuevas herramientas de control migratorio: una que permite detener migrantes irregulares sin papeles y otra que extiende el plazo de detención para gestionar su expulsión.
Las iniciativas, aprobadas en el Congreso, forman parte de un paquete de proyectos de ley que el gobierno y parlamentarios acordaron sancionar rápidamente para generar un mayor control migratorio y dotar de mayores facultades a la policía para enfrentar la delincuencia.
«No tenemos ningún tipo de inhibición ideológica en ninguno de nuestros sectores para hacer valer la ley en Chile y para controlar las fronteras», dijo la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, tras la aprobación de las dos iniciativas.
La primera ley fue aprobada por 86 votos a favor, 44 en contra, principalmente del oficialismo, y 5 abstenciones.
La normativa permitirá que la policía detener a una persona que no pueda acreditar su situación migratoria o que tenga su permiso de residencia vencido.
Además, se eliminó el plazo de una hora para realizar el control de identidad, y se dejó en un plazo indefinido.
En el caso de los chilenos, la policía está facultada también para detenerlos en caso de que no porten identificación.
También fue aprobada otra ley -por 120 votos- que ampliará el plazo de detención de 48 horas a cinco días para gestionar la expulsión de un migrante irregular en el país. El corto plazo anterior no permitía en la mayoría de los casos que se reunieran los antecedentes para ejecutar la orden de salida del país.
Estas dos iniciativas se aprueban en un ambiente de hostilidad hacia las comunidades migrantes en el país, sobre todo la venezolana, tras la ocurrencia de delitos de alta connotación social en la que han visto involucrados extranjeros.
Entre marzo y abril dos policías fueron asesinados por supuestos venezolanos, en crímenes que provocaron gran conmmoción en el país.
Tras la ola de delitos, la Fiscalía estableció que se solicitaría la prisión preventiva cuando un migrante fuera detenido cometiendo un delito y no portara su cédula de identidad.
También provocó polémica la propuesta del líder de ultraderecha José Antonio Kast, que planteó instalar residencias provisorias para personas que no cumplan los requisitos para permanecer en el país.
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