Venezuela acusa a EEUU de "terrorismo de Estado" al rechazar informe de DDHH

Venezuela acusó este jueves a Estados Unidos de «terrorismo de Estado», al rechazar un informe de Washington que cuestiona su cooperación en la lucha contra grupos armados ilegales.

«Venezuela no reconoce semejante práctica unilateral y arbitraria que simula evaluar y calificar a otros países, más aún cuando el pretendido evaluador es, nada más y nada menos, que el principal protagonista del terrorismo de Estado en el mundo», señala un comunicado de la cancillería.

Caracas considera que Estados Unidos ejerce esa práctica «a través de la fabricación de guerras fratricidas injustificables, de mantener centros ilegales de detención y tortura y del financiamiento abierto a grupos terroristas para defender sus intereses económicos y geopolíticos».

Un informe del Departamento de Estado difundido el miércoles por la embajada estadounidense en Caracas asegura que Venezuela no está «cooperando» en «los esfuerzos para la lucha contra el terrorismo».

«Las fronteras porosas del país ofrecen un ambiente propicio para grupos terroristas reconocidos», indica el documento, que denuncia la «falta de transparencia» del gobierno de Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado denunció además que el gobierno socialista «recurrentemente acusa de ‘terrorismo’ a sus oponentes políticos».

La cancillería venezolana condenó igualmente un eventual «uso de la fuerza militar» contra el país con las mayores reservas de crudo, así como las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela y su petrolera estatal Pdvsa.

También reiteró que «Maduro y las más altas autoridades del Estado fueron objeto de un atentado terrorista planificado y financiado precisamente en los Estados Unidos (…), que afortunadamente no cumplió con sus perversos objetivos».

El pasado 4 de agosto, dos drones cargados de explosivos estallaron en las proximidades de la tarima donde el gobernante y otros funcionarios encabezaban un acto militar en Caracas.

Maduro sostiene que los autores intelectuales y financistas del hecho residen en Estados Unidos y Colombia. La justicia venezolana exige su extradición.

Por el caso fue arrestado un parlamentario opositor, Juan Requesens, y también está acusado el exjefe legislativo Julio Borges, exiliado en Bogotá.

Venezuela y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2010, pero las relaciones empezaron a tensarse desde la llegada al poder en 1999 del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.