Venezuela otorgará "de inmediato" licencias para explotar petróleo y gas en el Esequibo
El presidente Maduro planteó una ley que obligue a las empresas autorizadas por Guyana a explotar petróleo en aguas por delimitar del Esequibo a cesar su actividad en 3 meses, un plazo «negociable».
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la estatal petrolera PDVSA conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y en la que Georgetown ha autorizado operar a petroleras extranjeras y locales.
Que se proceda «a crear la división PDVSA-Esequibo», y que de «inmediato procedamos a conceder la licencias operativas para la operación y explotación de petróleo, gas y minas en toda el área», dijo el mandatario reunido con el alto gobierno.
Esta medida forma parte de un conjunto de anuncios que el mandatario hizo tras el referendo consultivo del pasado domingo en el que preguntó a la población si Caracas debe seguir con su reclamo sobre la región en disputa.
En la consulta participaron más de 10,4 millones de votantes, la mitad del padrón electoral, y más del 95% estuvo de acuerdo en que el Esequibo pase a ser un estado regional más de Venezuela, un resultado que no cambia en nada el litigio que ambos países tiene en la CIJ sobre la región, cuya jurisdicción Caracas rechaza.
El movimiento del gobierno chavista llega después de que Guyana otorgara permisos de exploración a seis empresas, adjudicaciones de las que se desconocen los detalles pero que Caracas denunció porque se dieron en «aguas pendientes por delimitar».
Venezuela y Guyana se disputan desde hace más de un siglo el territorio Esequibo, una región de 160.000 km2 rica en petróleo y minerales, que actualmente es administrada por Guyana.
La disputa se reavivó después de que la estadounidense ExxonMobil descubriera grandes reservas de petróleo en la zona. Las tensiones, sin embargo, se elevaron después de que Guyana otorgara licitaciones a empresas extranjeras y locales para la explotación de estos yacimientos, lo que provocó que Venezuela convocara el referendo.
El gobierno de Guyana ha dicho que se mantiene «vigilante» ante las medidas tomadas por Venezuela, y el fiscal general guyanés, Anil Nandlall, apuntó este martes que acudirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si escala la pugna por el Esequibo.
Un nuevo estado regional
Además de las licencias, Maduro propuso este martes elaborar una ley especial para «prohibir» la contratación con estas empresas que trabajan bajo las concesiones otorgadas por Guyana.
«Propongo (que se le den) tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar», dijo.
No obstante, apuntó que está «abierto a conversar».
Con base en el resultado de la consulta del domingo, Maduro dijo que ejercerá el «poder» que le otorgó el pueblo y avanzó la promulgación de una ley para «la creación de la Guayana Esequiba», una provincia de la región en disputa bajo administración de Caracas.
Además ordenó la creación de una «zona de defensa integral de la Guayana Esequiba», sin explicar mayores detalles, pero que estará ubicada en la población de Tumeremo, estado Bolívar (sur) y fronterizo con la zona en disputa.
Asimismo, pidió poner en marchar un plan de «atención social» para la población de la zona en disputa, «así como la realización de un censo y la entrega de cédulas de identidad a sus habitantes».
Caracas argumenta que el río Esequibo es la frontera natural con Guyana, por lo que el territorio en disputa formaría parte de Venezuela, como en 1777 cuando era colonia de España.
Además apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales.
Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de Naciones Unidas, cuya jurisdicción desconoce Caracas.
Nueva división de la CVG
El mandatario pidió también crear una división de la CVG para desarrollar proyectos en el área disputada, en la que Venezuela no ejerce control desde 1899.
Maduro no estimó el tiempo que tardará en concretarse la primera concesión para esta área, que Venezuela aprobó incorporar a su mapa nacional, lo que significa despojar a Guyana de dos terceras partes de su geografía.
La controversia por este territorio data del siglo XIX, pero desde 2018 ha cobrado vigor en vista de la admisión del caso por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha pedido a Venezuela no completar acciones que alteren la dinámica actual sobre el área, administrada por Guyana.
Sin embargo, Maduro rechaza la mediación de la CIJ en este asunto, un alegato que también se vio reforzado con el referendo, en el que los venezolanos acordaron no reconocer la jurisdicción del tribunal internacional que, de cualquier modo, emitirá una decisión vinculante para las dos naciones en los meses por venir.
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