Venezuela propone a Guyana reiniciar contactos diplomáticos

El gobierno venezolano consideró hoy «inaceptable» recurrir a un «arreglo judicial» en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver la disputa fronteriza por la región del Esequibo con Guyana, país que acaba de llevar el caso ante ese tribunal, tal como lo sugirió la ONU.

«Se ha reiterado al gobierno guyanés que recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que (…) Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la CIJ», señala la Cancillería de Venezuela en su página web.

Este jueves Guyana introdujo ante la CIJ una solicitud para que «se confirme la validez legal y el efecto vinculante del laudo arbitral de 1899 con respecto a la frontera entre Guyana y Venezuela», según un comunicado.

Venezuela reiteró hoy que este laudo arbitral «sobre la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica es nulo e írrito».

Señala, según el comunicado, que Venezuela «ha informado que objeta expresamente el arreglo judicial como medio de solución (…) ya que violenta el preámbulo del Acuerdo de Ginebra de 1966».

«El cual establece, taxativamente, que la controversia debe ser ‘amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes'», agrega.

Invita a Guyana a avanzar en la selección «de mutuo acuerdo» del método de «solución pacífica de la controversia» y para lo que propone «reiniciar los contactos diplomáticos» que lleven a los dos países a «alcanzar una solución práctica».

«Dichos contactos permitirán, adicionalmente, evaluar de manera conjunta la conveniencia de continuar con la figura de los Buenos Oficios, bajo el auspicio del Secretario General de la ONU, todo ello en un contexto de cordialidad y de diálogo constructivo y pacífico», finaliza el comunicado.

A finales de enero Guterres decidió remitir a la CIJ la disputa territorial al considerar que esta vía era la mejor para los dos países, decisión rechazada poco después por Venezuela.

La decisión del jefe de la ONU llegó después de que su antecesor, Ban Ki-moon anunciara que si para finales de 2017 no había avances significativos, el asunto se llevaría ante la Corte con sede en La Haya.

La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó en los últimos años después de que la estadounidense Exxon Mobil descubriera yacimientos de petróleo en aguas en la zona del litigio.

El gobierno de Venezuela emitió en la misma época un decreto presidencial que dictaba una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.

Esta maniobra generó el rechazo del gobierno guyanés y disparó la tensión entre las dos partes.

La región del Esequibo abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone las tres cuartas partes del territorio de Guyana.

En el Acuerdo de Ginebra, los dos países dieron al secretario general de la ONU la responsabilidad de elegir un medio para la resolución pacífica de la cuestión y la posibilidad de, si este no tenía éxito, buscar otra vía.

A continuación comunicado íntegro: 

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores informa al Pueblo venezolano, y a la Comunidad Internacional, que el día 28 de marzo de 2018, se envió una Nota Diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, sentando posición respecto a la misiva del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, del 30 de enero de 2018, en la que propone el arreglo judicial como método de solución pacífica de la controversia territorial que mantiene nuestro país con Guyana, como consecuencia de que el Laudo arbitral de 1899, sobre la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica, es nulo e írrito.

Al respecto, se ha hecho del conocimiento de las autoridades guyanesas que la República Bolivariana de Venezuela desestima el contenido de la mencionada misiva, y así se le hizo saber al Secretario General de la ONU el 25 de febrero de 2018, por cuanto excede las competencias que le fueron otorgadas por la figura de los Buenos Oficios, mutuamente convenida por las partes, y contraviene el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela ha informado que objeta expresamente el arreglo judicial como medio de solución de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ya que violenta el preámbulo del Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece, taxativamente, que la controversia debe ser “amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes”. El precitado método vulnera, del mismo modo, el Artículo I, dado que no conduce a “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”.

Igualmente, se ha reiterado al gobierno guyanés que recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia, resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y en este sentido, ha sido siempre consecuente con su posición histórica de hacer expresa reserva o no ser signataria de ningún instrumento jurídico internacional que contenga cláusulas compromisorias que otorguen jurisdicción obligatoria a la referida Corte.

Finalmente, y para avanzar en la escogencia, de mutuo acuerdo, del método de solución pacífica de la controversia, bajo la égida del Acuerdo de Ginebra de 1966, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha propuesto al gobierno de la República Cooperativa de Guyana reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial.

Dichos contactos permitirán, adicionalmente, evaluar de manera conjunta la conveniencia de continuar con la figura de los Buenos Oficios, bajo el auspicio del Secretario General de la ONU, todo ello en un contexto de cordialidad y de diálogo constructivo y pacífico.

Caracas, 30 de marzo de 2018