Vértigo de locura

Los teléfonos celulares con sus cámaras terminan siendo los mejores observadores en los procesos electorales. El día 20 las redes sociales transmitieron en vivo la situación de los centros electorales durante todo el día y en toda la geografía nacional. El denominador común es que la gran mayoría de ellos estaban desiertos, tal como estaba la plaza frente el centro electoral donde votó el presidente, ante cuya imaginaria multitud gesticulaba teatralmente.

No obstante, como era de esperar, el CNE anunció esa noche unos resultados que parecieran contrastar marcadamente con el testimonio visual que todos pudimos ver. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? ¿es que acaso con eso van a resolver los graves problemas reales del país?

Veamos:

Según cifras publicadas por el BCV en sólo un año la liquidez monetaria aumentó en 5.617%. Peor aún, en apenas una semana (previo a las elecciones y por razones obvias) la citada liquidez se incrementó en 16,5%. Sé que para quienes no son economistas estas cifras pueden significar poco, pero la realidad es que se trata de dinero sin respaldo que emite el Banco Central para financiar el déficit fiscal.

Crece vertiginosamente la cantidad de bolívares en la economía, coincidiendo con una brutal caída en la producción de bienes y servicios. Esos bolívares tratan de comprar bienes que no existen en el mercado. Cualquiera que tenga los más elementales conocimientos de economía sabe que la consecuencia inevitable es un aumento de los precios que será tanto más elevado cuanto mayor sea la emisión de ese tipo de dinero «inorgánico». Por eso, nuestra Constitución prohíbe expresamente al BCV financiar el gasto público:

Art. 320: «En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias».

En el caso venezolano, la violación de tal artículo es tan descarada, que entre mayo del 2017 y abril del 2018 el solo «financiamiento a empresas públicas no financieras» (léase Pdvsa) creció 246 veces alcanzando la increíble suma de 1,9 billones de bolívares.

Durante ese mismo lapso la producción petrolera de Venezuela cayó aceleradamente. Hoy producimos lo mismo que en 1949, hace casi 70 años. Muchos analistas estiman que a fines del 2018 la producción podría ubicarse en torno a un millón de barriles diarios. Mientas tanto, arbitrajes internacionales perdidos como en el caso de ConocoPhillips, Russoro, Exxon Mobil y muchos otros que cursan ante el CIADI, comienzan ya a traducirse en embargo de activos petroleros venezolanos en el exterior, como está ocurriendo actualmente en Aruba, Curazao, Bonaire y San Eustaquio.

Todo lo anterior, sumado a la destrucción masiva del aparato productivo ha llevado a Venezuela a sufrir lo que luce como una de las más severas crisis económicas que ha padecido el mundo entero en medio siglo.

La hiperinflación que nos aplasta, en medio de una brutal caída del Producto Interno Bruto, es la causa del brusco empobrecimiento que sufrimos los venezolanos.

Pero lo peor está por venir. Llevamos ya un semestre entero en hiperinflación. Conforme a las cifras que nos proporciona la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (porque el BCV ya no las suministra), el nivel de los precios está creciendo vertiginosamente. Si la inflación promedio mensual alcanzase un 80% durante el 2018, la hiperinflación de este año alcanzaría un 115.583 %. Si tal promedio de inflación mensual fuese del 85%, la inflación del año alcanzaría a un 160.616 %.

Cabe preguntarse, ¿es que acaso tan dramáticos escenarios podrán resolverse con anuncios electorales más propios de Alicia en el País de las Maravillas?

La realidad es tan terca como dura. Ya el Banco Interamericano de Desarrollo declaró a Venezuela en default y las principales agencias calificadoras de riesgo soberano seguirán el ejemplo, aunque por ahora hablan de «default selectivo».

La consecuencia inmediata de esos comicios fue su desconocimiento por parte del Grupo de Lima, EEUU, la Unión Europea, el Reino Unido y el G-7, que incluye a Japón. Todos están claros. No es con mayores dosis del mismo veneno como se van a curar los graves males de Venezuela.

Estamos enfrentados a un abismo de ilegitimidad. Nuevas sanciones están siendo propuestas en momentos en que la industria petrolera, que aporta el 96% de todas las divisas que percibimos, parece hundirse en un vértigo de locuras.