Violencia creciente azota a la actividad agropecuaria en el occidente del país
La actividad agropecuaria se está haciendo de muy alto riesgo en los llanos occidentales y los estados fronterizos, debido a la creciente ola de violencia que se está registrando contra productores y trabajadores del campo.
El presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA), Edison Arciniega, señaló que la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) denunció que solo en el estado Zulia han desaparecido o han sido asesinados 20 trabajadores de unidades de producción agrícola en lo que va de marzo.
Igualmente, se han reportado ataques a fincas con heridos en otras regiones, como Barinas y Apure.
«Está viviéndose en el Occidente Rural de Venezuela una ofensiva de los grupos delictivos transfronterizos en alianza con las mafias de invasión, saqueo y reventa de tierras», señala Arciniega en un mensaje transmitido a través de WhatsApp.
La situación ha sido reiteradamente planteada a las autoridades y productores han responsabilizado al Instituto Nacional de Tierras (INTI) por no proceder eficazmente a restituir los derechos de propiedad violados a dueños de fincas invadidas, incluso cuando tienen sentencias judiciales a favor.
Arciniega respaldó las denuncias realizadas por los gobernadores de Táchira, Mérida y Barinas sobre esta situación, ya que se están incrementando las invasiones y se hacen cada vez más violentas, lo que pone en peligro ya no solo el patrimonio de los productores, sino sus vidas y las de sus trabajadores.
El presidente del CEA rechazó los hechos de violencia que se han producido en el campo promovidos por unas 40 invasiones a tierras productivas que han generado unos 300 incidentes de abusos violentos.
“Hay más de 200 medidas administrativas y judiciales y decisiones del Instituto Nacional de Tierras firmes que están sin ejecutar. Hay un tema del Estado dando la razón administrativa o judicialmente pero la fuerza pública no acompaña la decisión. En el campo lo que genera una guerra”, dijo.
El Presidente del Centro de estudios Agroalimentarios fustigó que los cuerpos de seguridad se niegan a actuar, colocando al propietario en una situación de indefensa y precisó que la mayoría de estos casos se han producido en Apure, Barinas, Mérida, Portuguesa y Zulia.
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